La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de 10 años impuesta a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez (2016), por irregularidades en la adjudicación de un contrato para la implementación de tecnologías de información y comunicaciones -TIC- en los colegios públicos del departamento, suscrito por un valor total superior a los veinte mil millones de pesos.  

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En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular también confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de nueve años proferida en contra de la exsecretaria de Educación, Bely Josefina Gneco Terán, y el exfuncionario de la gobernación, Gerardo Cujia Mendoza.

El órgano de control estableció que en el pliego de condiciones se establecieron unos requisitos de experiencia y capacidad financiera que no estaban de acuerdo con el objeto y la cuantía del contrato a ejecutar, exigencias que impidieron la participación de potenciales oferentes en el proceso de licitación.

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El Ministerio Público señaló que esas exigencias obedecieron a criterios de orden subjetivo o al capricho de los responsables que elaboraron el pliego de condiciones, y agregó que los “requisitos fijados no cumplieron el deber de ser adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor, como lo exige la ley”.

Por eso hechos, el órgano de control calificó la conducta cometida por los investigados como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.

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Con el fallo de segunda instancia la sanción impuesta a los investigados quedó en firme, ya que los investigados no se encuentran en el ejercicio de un cargo de elección popular.

*Con información de Procuraduría General de la Nación